El gobierno ha intervenido de facto los ayuntamientos españoles. Los que mantienen cuentas saneadas no tienen nada que temer. Por el contrario los que se encuentran fuertemente endeudados están obligados a realizar una operación con el Instituto de Crédito Oficial para pagar a los proveedores. Por añadidura todos tienen que sujetar sus presupuestos dentro del equilibrio financiero al precio que sea. Ese precio va explicitado en más de veinte recomendaciones que pasan, en el extremo, por despidos.
El hecho de que sólo los de más de 75.000 habitantes o los menores, pero que sean capitales de provincia, deban remitir trimestralmente sus ejecuciones presupuestarias al ministerio de Montoro pone sobre la mesa que más de 8.000 municipios son demasiados y que desde el ministerio no se fían. Todo parece indicar que la reforma de las instituciones empezará por la fusión de los ayuntamientos y su supervisión. Tras las elecciones andaluzas se sabrá con claridad por dónde van a ir los tiros.
Sería raro que esta medida no se llevase a cabo, puesto que en otros países rescatados por la Unión Europea la reducción de municipios ha sido una de las primeras decisiones de choque. Por eso el planteamiento de la Junta creando esos extraños “Distritos de Interés Comunitario” como un sobreañadido institucional a la maraña de comarcas, municipios y mancomunidades podría esconder por dónde pretende de Santiago Juárez que vayan las directrices de la fusión en ciernes.
Como, casualmente, acaba de volver a declarar: “o nos movemos o nos mueven”. Otra cosa es que la propuesta de la Junta sea la mejor o que los municipios no tengan nada que decir sobre la agrupación más adecuada.
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